La reclamación gastos hipotecarios en Ourense se ha consolidado en la provincia como uno de los principales focos de litigiosidad civil en los últimos años. Lo que comenzó como una corriente de quejas individuales tras las primeras sentencias del Tribunal Supremo en 2015 se ha transformado en un goteo constante de demandas en los juzgados orensanos. Miles de ciudadanos de la provincia han descubierto que los contratos firmados con sus entidades bancarias contenían cláusulas abusivas que les obligaban a asumir la totalidad de los costes de formalización, un desequilibrio financiero que la justicia se ha encargado de enmendar de forma sistemática.

El núcleo de este conflicto radica en la falta de negociación de estas condiciones. Históricamente, la banca imponía de manera uniforme el pago de la gestoría, la tasación del inmueble, el registro de la propiedad y la notaría al cliente, sin ofrecer margen de discusión. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los posteriores dictámenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fijaron un criterio claro: al declararse nula la cláusula por abusiva, las cantidades deben ser restituidas de forma equitativa o íntegra, según el tipo de servicio. En la actualidad, los consumidores orensanos pueden recuperar el 100% de los gastos de registro, gestión y tasación, además del 50% de los honorarios notariales, sumando a estas cantidades los intereses legales devengados desde la fecha en que se realizaron los pagos originales.

El perfil del reclamante en Orense es sumamente diverso, abarcando desde familias que contrataron su hipoteca en pleno bum inmobiliario a principios de los años dos mil, hasta jóvenes que adquirieron su primera vivienda antes de la reforma de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario de 2019. A pesar de los temores iniciales sobre los plazos de prescripción para iniciar estas acciones legales, las aclaraciones del TJUE a principios de 2024 insuflaron un nuevo optimismo a los afectados. La justicia europea determinó que el plazo para reclamar no comenzaba a correr hasta que el consumidor tuviera un conocimiento efectivo de la abusividad de la cláusula, lo que reactivó una oleada de consultas en los despachos de abogados de la capital de las Burgas y de las principales villas de la provincia, como Verín, Carballino o Barco de Valdeorras.

La respuesta de las instituciones judiciales en Ourense ha sido decisiva, aunque no ha estado exenta de la saturación habitual que sufren los juzgados especializados en cláusulas suelo y gastos financieros. Las sentencias dictadas a nivel local suelen seguir la línea europea de protección al consumidor, obligando a los bancos a devolver importes que, de media, oscilan entre los 800 y los 1.500 euros por hipoteca, una cifra que aumenta considerablemente si se añaden los citados intereses acumulados. Para los afectados orensanos, este proceso no solo representa un alivio económico directo en un contexto de inflación, sino también un acto de justicia frente a las malas prácticas de un sector financiero que, durante décadas, operó con una posición de superioridad absoluta sobre el ciudadano de a pie.